Hoy José Woldenberg escribe en Reforma sobre las serie de errores que la alianza PAN-iglesia católica ha cometido tratando de criminalizar a las mujeres que aborten - incluídas las que lo hagan aún después de haber sido violadas. Es triste ver como muchos estados del país buscan regresar a la Edad Media, viendo a las mujeres de nuevo como las "mujeres malas", sin reflexionar en temas cruciales como la pobreza y hechos vejatorios como las violaciones. Copio:
| La cruzada antiaborto |
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José Woldenberg
El 8 de mayo el Congreso de Guanajuato aprobó una reforma a su Constitución en la cual se establece que "persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural; y el Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos". Antes habían aprobado reformas similares Baja California, Campeche, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Sonora. E iniciativas parecidas se encuentran para su dictamen en comisiones en Aguascalientes, México, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Un alud de respuestas a la despenalización del aborto aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y confirmada como constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se trata de consagrar fórmulas aparentemente solidarias y pertinentes ya que buscan proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación. En Oaxaca, si prospera la iniciativa presentada, ahora el óvulo fecundado será considerado textualmente "un menor de edad", y en Sonora, "desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales...". De lógica luego hablamos.
Digo que aparentemente, porque en todos esos congresos la mayoría hizo a un lado los argumentos científicos, los razonamientos de la Corte, los dilemas morales, los derechos de las mujeres y pretenden "resolver" un problema de salud por la vía penal. De tal suerte que la beatería que no pueden esconder esas reformas causará más daños y perjuicios que la despenalización de un recurso al que las mujeres recurren desde tiempos inmemoriales.
La ciencia. Equiparar un óvulo fecundado a un menor de edad, un cigoto a una persona, no tiene ninguna base científica (ni lógica). Cito al doctor Ricardo Tapia: "no hay nada no biológico, sobrenatural o espiritual en el genoma humano y por lo tanto no hay razones científicas para considerar que un cigoto, un blastocisto, o aun un embrión de 12, 14 o 20 semanas, tiene dignidad humana y es una persona, aunque posea el genoma humano completo". ("La formación del ser humano, el cerebro y el aborto", en Nexos, abril de 2008).
La Corte. No sólo la resolución de la Corte y la mayoría de las intervenciones de los ministros establecieron con claridad que la despenalización del aborto es constitucional, sino que además para ejercer derechos se requiere que el "sujeto esté determinado" (que sea una persona nacida) (Valls Hernández), que "el embarazo forzado es una forma de esclavitud" (Góngora Pimentel), que en todo caso "los derechos deben ponderarse (Franco González), y no suprimir el de las mujeres", y "que imponerle a la mujer que su embarazo llegue a término (contra su voluntad) afectará definitiva y permanentemente sus derechos, pues se alterarán su vida familiar, laboral, educativa, profesional y social... la vida en su integridad" (Sánchez Cordero) (GIRE).
La moral. Sabemos que en toda interrupción de un embarazo existe un dilema moral. Pero incumbe sólo a las mujeres resolverlo. Ni las iglesias ni las leyes ni el Estado ni la familia deberían condenar y perseguir a la mujer que decidiera abortar durante las primeras semanas de su embarazo. Cuando se despenaliza ese difícil expediente ninguna mujer está obligada a interrumpir su embarazo (puede o no hacerlo), mientras que cuando se penaliza a todas se les cancela una opción. Quienes militan contra la despenalización suelen no comprender los dilemas morales (propios e intransferibles), y quieren "zanjar" el tema con normas generales y ciegas.
Los derechos de las mujeres. No se le debe imponer a ninguna mujer un embarazo no deseado. Un derecho elemental y fundamental es el de decidir tener o no un hijo. Si algo distingue a los hombres de los animales es precisamente esa capacidad de trascender el "imperio de la naturaleza" y dotarse de mecanismos que amplían sus posibilidades de opción. La interrupción legal del embarazo es uno de esos derechos de corte liberal que construye diques a la intervención del Estado.
La penalización. Los abortos seguirán dándose. Se trata de un problema cuya dimensión fundamental es la de la salud de las mujeres, que al verse privadas de la atención profesional necesaria y eficiente acudirán a fórmulas antihigiénicas, clandestinas y altamente peligrosas. De tal suerte que el frenesí de los legisladores antiaborto derivará en más muertes de mujeres inocentes.
Hay que repetirlo: el aborto no es una medida anticonceptiva, sino una última y difícil opción. Como país requerimos que los jóvenes reciban información suficiente y clara sobre los métodos anticonceptivos y que los mismos se encuentren a su alcance. Ésa es la mejor vía para prevenir embarazos no queridos. Pero ante la eventualidad (no deseada) de un aborto, el Estado debe respetar la decisión de la mujer y prestarle la atención médica necesaria. Eso ya sucede en el Distrito Federal con muy aceptables resultados.
El 8 de mayo el Congreso de Guanajuato aprobó una reforma a su Constitución en la cual se establece que "persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural; y el Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos". Antes habían aprobado reformas similares Baja California, Campeche, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Sonora. E iniciativas parecidas se encuentran para su dictamen en comisiones en Aguascalientes, México, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Un alud de respuestas a la despenalización del aborto aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y confirmada como constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se trata de consagrar fórmulas aparentemente solidarias y pertinentes ya que buscan proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación. En Oaxaca, si prospera la iniciativa presentada, ahora el óvulo fecundado será considerado textualmente "un menor de edad", y en Sonora, "desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales...". De lógica luego hablamos.
Digo que aparentemente, porque en todos esos congresos la mayoría hizo a un lado los argumentos científicos, los razonamientos de la Corte, los dilemas morales, los derechos de las mujeres y pretenden "resolver" un problema de salud por la vía penal. De tal suerte que la beatería que no pueden esconder esas reformas causará más daños y perjuicios que la despenalización de un recurso al que las mujeres recurren desde tiempos inmemoriales.
La ciencia. Equiparar un óvulo fecundado a un menor de edad, un cigoto a una persona, no tiene ninguna base científica (ni lógica). Cito al doctor Ricardo Tapia: "no hay nada no biológico, sobrenatural o espiritual en el genoma humano y por lo tanto no hay razones científicas para considerar que un cigoto, un blastocisto, o aun un embrión de 12, 14 o 20 semanas, tiene dignidad humana y es una persona, aunque posea el genoma humano completo". ("La formación del ser humano, el cerebro y el aborto", en Nexos, abril de 2008).
La Corte. No sólo la resolución de la Corte y la mayoría de las intervenciones de los ministros establecieron con claridad que la despenalización del aborto es constitucional, sino que además para ejercer derechos se requiere que el "sujeto esté determinado" (que sea una persona nacida) (Valls Hernández), que "el embarazo forzado es una forma de esclavitud" (Góngora Pimentel), que en todo caso "los derechos deben ponderarse (Franco González), y no suprimir el de las mujeres", y "que imponerle a la mujer que su embarazo llegue a término (contra su voluntad) afectará definitiva y permanentemente sus derechos, pues se alterarán su vida familiar, laboral, educativa, profesional y social... la vida en su integridad" (Sánchez Cordero) (GIRE).
La moral. Sabemos que en toda interrupción de un embarazo existe un dilema moral. Pero incumbe sólo a las mujeres resolverlo. Ni las iglesias ni las leyes ni el Estado ni la familia deberían condenar y perseguir a la mujer que decidiera abortar durante las primeras semanas de su embarazo. Cuando se despenaliza ese difícil expediente ninguna mujer está obligada a interrumpir su embarazo (puede o no hacerlo), mientras que cuando se penaliza a todas se les cancela una opción. Quienes militan contra la despenalización suelen no comprender los dilemas morales (propios e intransferibles), y quieren "zanjar" el tema con normas generales y ciegas.
Los derechos de las mujeres. No se le debe imponer a ninguna mujer un embarazo no deseado. Un derecho elemental y fundamental es el de decidir tener o no un hijo. Si algo distingue a los hombres de los animales es precisamente esa capacidad de trascender el "imperio de la naturaleza" y dotarse de mecanismos que amplían sus posibilidades de opción. La interrupción legal del embarazo es uno de esos derechos de corte liberal que construye diques a la intervención del Estado.
La penalización. Los abortos seguirán dándose. Se trata de un problema cuya dimensión fundamental es la de la salud de las mujeres, que al verse privadas de la atención profesional necesaria y eficiente acudirán a fórmulas antihigiénicas, clandestinas y altamente peligrosas. De tal suerte que el frenesí de los legisladores antiaborto derivará en más muertes de mujeres inocentes.
Hay que repetirlo: el aborto no es una medida anticonceptiva, sino una última y difícil opción. Como país requerimos que los jóvenes reciban información suficiente y clara sobre los métodos anticonceptivos y que los mismos se encuentren a su alcance. Ésa es la mejor vía para prevenir embarazos no queridos. Pero ante la eventualidad (no deseada) de un aborto, el Estado debe respetar la decisión de la mujer y prestarle la atención médica necesaria. Eso ya sucede en el Distrito Federal con muy aceptables resultados.
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