México: donde los gobiernos subrogan los derechos

Un excelente y aoportuno texto de Alán Arias Marín en Milenio Diario de hoy, donde explica porqué el terrible caso de la guardería de Hermosillo no fue algo casual, sino como forma parte de un patrón de negligencia gubernamental generalizada:

México: subrogación y anulación de derechos

Alán Arias Marín

La peor tragedia en la historia mexicana relativa a muertes de niños: 46 muertos, 3 graves, 23 hospitalizados; los que sobrevivan quedarán marcados en cuerpo y alma, una vida de sufrimiento y marginación les espera. Las madres y padres de esos niños, a su dolor sin remedio han de añadir un trato de infamia, una atención de mero cálculo financiero e indignantes intentos de manipulación electoral. Por fin hay orden local para la presentación de 18 personas, el ex jefe de protección civil de la ciudad es el de más alto rango, se incluyen a las hermanas Téllez Nieves, propietarias de la guardería siniestrada (4 más ya clausuradas).

En el orden federal sólo descaro. En el plano judicial, adelantó Medina Mora, que el delito es culposo por lo que nadie irá a la cárcel (?). En cuanto a las responsabilidades políticas y morales, que no se subrogan jamás y son tanto o más significativas que las criminales, el primero y principal responsable es el IMSS, quien subrogó a los propietarios de la guardería la prestación de ese servicio.

El señor Karam es un cara dura. Sus primeras declaraciones ameritaban su cese fulminante; dijo que había contratado funerarias para prestar “gratuitamente” sus servicios a las familias de los fallecidos; después, tasó el valor de los niños muertos y el de los vivos; lo menos contable que ha hecho es suspender provisionalmente el régimen de subrogación. Su insensibilidad política y humana revela la altura del funcionariado de primer nivel del gobierno de Calderón. En cualquier país con régimen legal y democrático, habría de renunciar por principio y si es tan lerdo moral e intelectualmente para suponer que no, el presidente debe destituirlo. No ocurrirá. La impunidad es sello de marca nacional y de la casa gobernante; la ineficiencia y la irresponsabilidad sólo abonan a la galopante descomposición del Estado.

Más allá de los hechos, personas, instituciones y órdenes de gobierno involucrados en la tragedia, ocurren procesos de mayor envergadura. Por un lado, el modelo de subrogación de servicios, como es el caso de las guarderías, supone una concepción de los infantes como objeto de atención, una especie de grupo vulnerable, y no como sujetos de derechos sociales garantizados por el Estado.

Subrogar servicios públicos apunta directamente al criterio de rentabilidad; resulta más barato, el Estado no contrata trabajadores, no paga prestaciones, no “engorda”; como los privados son más eficientes se les paga con recursos del erario para cuidar niños. Ello supone la pérdida de una visión, un concepto y una moral públicos relativos al Estado y su sustitución baladí por un reducido y astringente entendimiento mercantil. Una estructura política orientada sólo a la administración de justicia y a la seguridad (?), atento a la estabilidad macro-económica y a la gestión gerencial de programas sociales “mínimos”. La regulación social se deja en manos del mercado (o de la violencia).

La guarderías del IMSS subrogadas (hay del ISSSTE, Cendis en DF y en los estados de la República), casi 1,500 que atienden a 228 mil niños, conforman la parte media del sistema; el costo por niño es de 2,458 pesos, aunque se les adelanta sólo 1,656 pesos y el resto lo pueden cobrar si el menor asiste sin falta todos los días laborales a la guardería (lo que no ocurre). Hay 142 atendidas directamente por el IMSS, con un costo por niño de entre 6 y 8 mil pesos. Y, con el más bajo nivel, las casi 8 mil 335 estancias vecinales o comunitarias que atienden a 221 mil niños, del que no existe una cifra confiable de costo por niño; ni tienen muchos elementos confiables que digamos. De acuerdo con la evaluación del Instituto Nacional de Salud Pública, estas estancias de “régimen flexible”, no cuentan con elementos susceptibles de valoración en cuestiones de seguridad, atención médica, nutricional, sicológica o ambiental, reclutamiento y capacitación del personal; la adscripción a los particulares parece estar determinada por criterios clientelares y políticos. 50% no han sido siquiera inspeccionadas una vez. Una pesadilla.

Con la subrogación de guarderías se ha transitado de una política fundada en los derechos sociales garantizados por el Estado a meras acciones llamadas de corresponsabilidad, bajo la coartada de la participación solidaria de la ciudadanía en asuntos que corresponde atender directamente al Estado. Se delega una obligación pública al ámbito privado, no es filantropía (privados sin fines de lucro que persiguen propósitos de interés público) puesto que desde el ámbito privado obtienen beneficios vía recursos públicos. El resultado es el riesgo incrementado para la seguridad de los niños, la posibilidad de maltratos y abusos y, en un plano mayor, la abdicación para garantizar derechos sociales a los niños, su diferenciación discriminatoria y el quebranto del principio de igualdad.

alan.arias@usa.net