Juan Pablo Becerra-Acosta escribió ayer 25 de marzo un gran reportaje de investigación sobre el mercado negro, no oficial, no conocido, de la práctica del aborto en México. Descubrió que es enorme y millonario. Ojalá los obispos y los panistas pudieran defender la vida de también las mujeres que deben morir por tener que realizar un aborto en el mercado negro. Solo falta que el PAN ahora quiera también prohibir el alcohol, como hizo el gobierno americano en los años 30s del siglo pasado, para salvar la vidas de quienes mueren de cirrosis. Los mercados negros solo producen más problemas. Decidir la conciencia de los demás, no ha aprendido el PAN que no solo no es posible, no es política, ya que que la política es el arte de lo posible. Y controlar la conciencia de la libertad humana en pos de valores absolutos, como la "vida" de algo que ni siquiera la iglesia bautiza, politicamente no solo es tonto, es una lucha pérdida. Ahora solo falta que digan que la iglesia bautiza fetos de 12 semanas... Les copio el reportaje que publicó Milenio: La industria de los abortos clandestinosEsta práctica es constante a escala nacional: hay uno cada 7.5 minutos. Se trata, sin embargo, de un delito con un índice de impunidad de 99% y ganancias de por lo menos mil 100 millones de pesos anuales.< Un feto o embrión abandonado en la calle cada diez días. Dos mujeres muertas por semana. Ganancias ilegales por, al menos, mil 100 millones de pesos anuales, 154 millones tan sólo en el Distrito Federal. Impunidad de 99 por ciento. Esos son los saldos de la industria clandestina del aborto.
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Cada diez días –en promedio– un feto o embrión es abandonado en la vía pública del Distrito Federal, de acuerdo con registros del Servicio Médico Forense.
Esa es una de las consecuencias de los 100 mil abortos “inducidos” –uno cada 7.5 minutos, en promedio– que cada año se practican clandestinamente en México (14 mil en la capital), de acuerdo con estadísticas del Consejo Nacional de Población.
Otra de las secuelas son las muertes maternas: según la Secretaría de Salud federal, 100 mujeres perecen anualmente por esa causa. Dos por semana, en promedio. En la ciudad de México son catorce muertas al año.
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Aunque en los textos legales la práctica del aborto es un acto delictivo en toda la República (con excluyentes en algunas legislaciones estatales, como la violación o el peligro en la salud de la madre), en los hechos no es un delito que sea perseguido afanosamente por las autoridades ministeriales, ya que son escasas las denuncias presentadas contra quienes ejercen esa industria ilegal.
Por ejemplo, en el Distrito Federal la efectividad para sancionar, no tanto a las abortantes, sino a quienes practican los alrededor de 14 mil legrados clandestinos que se cometen cada año, es de 0.03%. Los que practican los abortos a la sombra tienen así una impunidad garantizada de 99.97%.
De 24 averiguaciones previas que en promedio se inician anualmente en la ciudad de México por ese ilícito, sólo en cuatro casos se consiguen sentencias condenatorias cada año.
Siguiendo el Código Penal defeño y las estadísticas conocidas, en 14 mil abortos clandestinos practicados por médicos abortistas ilegales, hay 14 mil delitos a perseguir, pero sólo en cuatro casos hay culpables castigados.
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Los abortos clandestinos dejan mucho dinero a quienes, en condiciones insalubres, los realizan con graves peligros para la salud de las mujeres: es una industria a la sombra de la salud pública que, de acuerdo con cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas genera alrededor de mil 100 millones de pesos (cien millones de dólares) de ganancias anuales en México.
La cifra podría ser mucho mayor, de acuerdo con cálculos de diversas ONG que se dedican a investigar el asunto: podría tratarse de 3 mil millones de pesos. No es un número descabellado. MILENIO reprodujo ayer el testimonio de una joven que tuvo que desembolsar 20 mil pesos en una clínica clandestina: si cada año se realizan 100 mil abortos clandestinos, se trataría de 2 mil millones de pesos.
Y eso, sin contar la cifra negra, estimada en cuatro abortos clandestinos por cada reconocido.
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¿Por qué hay una cifra negra tan alta relacionada con el aborto? Porque éste, cuando no es natural sino provocado, es –salvo los excluyentes– un delito en el país. Y, al estar penalizado, el aborto se convierte en un acto clandestino realizado en clínicas piratas. Un delito que el Ministerio Público debe perseguir cuando tiene conocimiento de éste. Y ciertamente así ocurre, pero de manera muy relativa: de enero de 2006 a febrero de este año la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha iniciado 28 averiguaciones previas. Dos por mes. Una cada quince días. Muy poco si se toma en cuenta que se practican 14 mil legrados inducidos en la capital cada año: mil 166 al mes, 38 al día, en promedio.
Es decir, se investiga únicamente 0.2% de los casos.
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Más allá de las averiguaciones previas, otro cuento es el de las penas. Una investigación del ex ombudsman capitalino, Luis de la Barreda Solórzano (El delito de aborto, una careta de buena conciencia. México: Miguel Ángel Porrúa e Instituto Nacional de Ciencias Penales, 1991) expone que prácticamente no hay personas purgando penas por practicar abortos.
De la Barreda analizó las cifras de 1988 y 1989. Encontró que hubo 29 denuncias en el periodo. Catorce al año. Una por mes, en promedio.
Del total de averiguaciones previas iniciadas en ambos años (29), hubo 24 consignaciones. Doce por año. Otra vez, una por mes. Esto es, en 85% de las averiguaciones sí hubo consignación.
Sin embargo, documentó que en ambos años sólo hubo ocho sentencias condenatorias. Un promedio de cuatro por año. Una cada tres meses. Esto es, que del total de casos llevados ante un juez, sólo en tres de cada diez procesos (34%) hubo un culpable y un castigo.
Sin embargo, la efectividad real de las autoridades de procuración e impartición de justicia es muchísimo más baja que eso: de los 14 mil abortos al año practicados en el Distrito Federal sólo se denuncian, en promedio, 24 al año. Esto es, que sólo se denuncia 0.17% de los abortos. Si sólo hay doce consignaciones en promedio cada año (como investigó De la Barreda), se trata de una efectividad de 0.09%. Peor aún, si hablamos de las condenas (cuatro por año), la efectividad es de 0.03%
Impunidad de 99.97% para quienes medran con esa industria a la sombra.