¿Una más? |
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Así es México. La carta de un lector sobre Juan Camilo Mouriño, publicada en este periódico la semana pasada, lo dice todo: "Qué tiene de extraño que alguien que esté en la política, como senadores o diputados, busque beneficios para sus empresas, familiares o conocidos, si para eso buscan esos puestos (...). Hay que estar conscientes de que siempre ha sido y será así". Allí está, destilado en un solo párrafo, el problema que aqueja al país: el conformismo cómplice, la anuencia anunciada, la anormalidad percibida como normal, el estado "natural" de las cosas justificado por quienes ni siquiera logran imaginarlas de otra manera. México acostumbrado a la expoliación por parte de la clase política. México acostumbrado a los conflictos de interés causados por quienes ocupan puestos públicos y continúan haciendo negocios desde allí. México acostumbrado al gobierno como botín repartido.
Por ello, el debate público y político sobre el secretario de Gobernación no se centra en lo que debería. El PAN defiende su honor mientras que el PRD insiste que no lo tiene. Los panistas hablan de cuán orgullosos están de su joven promesa mientras que los perredistas buscan cortarle la cabeza. Unos quieren evitar la creación de comisiones investigadoras mientras otros intentan lucrar políticamente con su instalación o su postergamiento. Unos quieren evadir mientras otros quieren reventar. Así el caso de Juan Camilo Mouriño se vuelve otro pretexto para pelear; otro motivo para confrontar; otra bandera que Andrés Manuel López Obrador usará para frenar la reforma energética y Felipe Calderón intentará enterrar con tal de obtenerla. Y lo que desató el último escándalo quedará en el olvido. Será una anécdota más. Otro botón de muestra. Otro ejemplo de cómo se ataca o se defiende a un político pero no se cuestiona la práctica en la que incurrió.
Germán Martínez, el presidente del PAN, dice que "el tema a discusión no son las influencias del señor Juan Camilo Mouriño"; dice que "el asunto no es la participación del secretario de Gobernación en un contrato con Pemex". Pero se equivoca: ése es precisamente el tema, ése es el meollo del asunto al margen de quién lo aireó e independientemente de la reforma que ponga en jaque. México tiene un problema y el escándalo más reciente tan sólo constata su profundidad. La decisión que Mouriño tomó de firmar contratos privados cuando ya era funcionario público. El simple hecho de hacerlo, sin comprender el conflicto de interés que eso entrañaba. La percepción equívoca sobre su propio papel que eso reveló. La conducta común y cotidiana que su desempeño dual evidenció. Aquello que en democracias funcionales está prohibido pero aquí es aceptado. Es tolerado. Es ignorado. Es normal.
La ausencia de barreras explícitas entre lo público y lo privado; entre lo gubernamental y lo empresarial; entre las funciones legislativas y quienes se benefician con ellas. Día tras día tras día tras día: primeras planas repletas de notas sobre licitaciones cuestionables, adjudicaciones irregulares, contratos turbios. Costumbres vivas en todos los partidos, en múltiples niveles del gobierno, en todas las entidades públicas. Costumbres compartidas en Pemex, en la Lotería Nacional, en el ISSSTE, en la SEP, por mencionar tan sólo algunas instituciones involucradas en este tipo de prácticas durante la última semana. Costumbres cristalizadas en la frase "un político pobre es un pobre político", con la cual los mexicanos se ríen cuando en realidad deberían llorar.
En el affaire Mouriño se ha denunciado el tráfico de influencias cuando se trata de algo más elemental y más comprobable. Aquello denominado "conflicto de interés".
Aquello que ocurre cuando alguien en una posición de autoridad -como un político- enfrenta intereses en contienda. Cuando esos intereses dificultan su capacidad para llevar a cabo sus labores con imparcialidad. Cuando esos intereses confrontados crean la apariencia de falta de probidad, aunque no hayan producido actos ilícitos. Cuando esos intereses encontrados puedan minar la confianza pública en las instituciones y generar dudas sobre su comportamiento. Todas las condiciones con las que el caso de Juan Camilo cumple y él mismo debió haberlo sabido. Debió -como supuesto "miembro de una nueva clase política que está construyendo al país"- haberlo entendido y cortado toda relación con las empresas de su familia. Pero ni siquiera lo pensó. Ni siquiera le pasó por la cabeza, por más "decente" y "capaz" y "profesional" que sea. Y esa ausencia es parte del código genético de una clase política acostumbrada a actuar así. Es el legado de un priismo patrimonialista, extendido y presente en otros partidos.
Es el ADN de muchos que no perciben un conflicto entre su puesto oficial y el beneficio personal que pueden derivar de él. Es el código genético de demasiadas personas que conciben a la función pública como un sitio en el que todo se vale. Como afirma Juan Bueno Torio -actual senador del PAN y ex director de Pemex Refinación-, si Mouriño firmó algún contrato como apoderado legal de una empresa familiar, aún siendo diputado o asesor del secretario de Energía, "no existe ningún impedimento legal". No es así. Allí está, con todas sus letras en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en vigor desde el 2002. En las fracciones XI, XII, y XIV, del artículo 8. Allí donde dice que cualquier funcionario público habrá de excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga un interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él o sus parientes consanguíneos. Juan Camilo Mouriño no se excusó y por ello es probable que haya violado la ley.
El dilema entonces se vuelve cómo, cuándo y de qué manera sancionarlo. El gobierno de Felipe Calderón seguramente rechazará actuar en este sentido, argumentando que ello implicaría perder políticamente ante AMLO. Pero ojalá que el Presidente y quienes lo rodean entendieran lo que está en juego. El mantenimiento de un aliado personal vis ˆ vis la posibilidad de encarar un problema fundamental. La defensa irrestricta de un colaborador vis ˆ vis la promoción irrestricta de la legalidad. La cerrazón de filas partidistas vis ˆ vis la oportunidad para establecer estándares más altos de comportamiento en la vida pública. En un país que respetara a sus ciudadanos, la renuncia o el castigo a quienes incurren en un conflicto de interés sería ineludible. Impostergable. Indispensable. Nadie permitiría que se volviera sólo una anécdota más."
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