| El aborto en la Corte |
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17 Abril, 2008
El viernes 11 se llevó a cabo la primera audiencia pública a la que la Corte convocó para desahogar los argumentos con relación a la constitucionalidad o no de la ley aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que despenalizó el aborto durante las primeras 12 semanas de la gestación. Se trata de un buen método: que los argumentos a favor y en contra se presenten de cara a quienes tienen la última palabra y que al ser las sesiones públicas cualquier interesado pueda informarse y formarse una opinión.
Como se sabe, la reforma fue aprobada luego de un largo e intenso debate por un órgano con facultades y legitimidad para hacerlo y, hasta donde alcanzo a ver, de ninguna manera contraviene la letra del texto constitucional (que es lo que debe ponderar la Corte). Pero además, ya entró en vigor y vale la pena revisar, aunque sea a vuelo de pájaro, sus resultados.
El 23 de enero de 2008, el doctor Manuel Mondragón y Kalb, secretario de Salud del Distrito Federal, en un seminario en la UNAM, informó que del 24 de abril de 2007 (día en que la despenalización entró en vigor) hasta esa fecha se habían realizado 5 mil 200 interrupciones legales del embarazo. La mayoría de las mujeres tenían entre 18 y 24 años (45.7 por ciento), pero de prácticamente todas las edades habían acudido a ese expediente: de 11 a 14 años 1 por ciento; de 15 a 17, 5.5; de 25 a 29, 21.3; de 30 a 34, 15; y de más de 34 años, 12.
Sus ocupaciones eran variadas: 40 por ciento estaban dedicadas a las tareas del hogar, 27 por ciento eran estudiantes, y los otros porcentajes eran los siguientes: 18 empleadas, 5 comerciantes, 3 empleadas domésticas, 2 profesionistas, y 1 obreras.
El 80 por ciento eran del Distrito Federal y el 20 restante de otras entidades, destacando el estado de México con el 18 por ciento. Más de la mitad eran solteras (53.2 por ciento), pero el 17.2 eran casadas, el 3.6 divorciadas y el 25.6 por ciento vivían en unión libre. Habían cursado la primaria el 10 por ciento, la secundaria el 32, la preparatoria el 30, educación superior el 21 y estudios de nivel técnico el 6 por ciento.
El 85 por ciento dijo que su religión era la católica, el 3 cristiana, 2 por ciento manifestó profesar otra religión y el 11 ninguna. En esa sesión, el doctor Mondragón informó también que el 30 por ciento de las solicitantes al final decidieron no someterse a la interrupción de su embarazo.
Unas semanas después, el 5 de marzo de 2008, en su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el propio doctor Mondragón informó que la cifra de abortos lícitos ya ascendía a 6 mil 499 y que en el 99.6 por ciento del total de las intervenciones no se habían presentado complicaciones y que sólo en el 0.4 por ciento de los casos habían aparecido dificultades leves (infecciones, hemorragia, cefalea, vómito).
Y hace unos días, Leticia Bonifaz, consejera jurídica del gobierno del Distrito Federal, informaba que al 31 de marzo el número de interrupciones legales del embarazo realizadas en la red hospitalaria de la Ciudad de México ascendía a 7 mil 194. (Reforma, 13 de abril). No quiero omitir el lamentable fallecimiento de una adolescente de 15 años en el Hospital Balbuena sucedido el 15 de febrero.
Estamos, pues, ante una rutina institucional que le ha permitido a miles de mujeres decidir sobre una cuestión que en primerísimo lugar les incumbe a ellas. Puede o no ser una decisión sencilla, pero se trata de una determinación intransferible y sobre la cual ningún tercero (el Estado, la Iglesia, la familia y menos aún la policía) debe tener capacidades coactivas. Y según informan las autoridades, las interrupciones legales del embarazo se han realizado con un altísimo grado de eficacia.
Los ministros entonces, si no son insensibles, deberán preguntarse por las derivaciones que tendría una declaración de anticonstitucionalidad de la norma. Porque no se requiere tener demasiada imaginación para saber que un buen número de esas mujeres, si no hubiesen tenido acceso a una atención médica a la luz del día, habrían optado por fórmulas más que riesgosas para su salud y seguridad, en condiciones de higiene muchas veces deplorables y de tensión e incertidumbre innecesarias. En el 2001, por ejemplo, el porcentaje de muertes por aborto en el Distrito Federal fue de 6.9 (INEGI, Indicadores Sociodemográficos del D.F. (1930-2002), p. 125). Porque si algo prueba la experiencia internacional es que la prohibición del aborto no reduce su incidencia, sólo pone en peligro la vida de las mujeres.
Por ello, no es casual que cada vez más países estén optando por la despenalización del aborto durante las primeras semanas de la gestación. Han asumido que se trata de un problema de salud pública y que la mujer debe tener la primera y última palabra. Y que lo otro, su penalización, no sólo resulta ineficiente sino altamente peligrosa. Han refrendado que una decisión difícil como la del aborto no puede ser convertida en delito.
En nuestro caso (creo) los legisladores, siguiendo las pulsiones más sentidas en la sociedad, decidieron no sólo no perseguir ni a la mujer ni a los médicos ni a las enfermeras que intervienen en una interrupción del embarazo, sino ofrecerles las mejores condiciones posibles para llevarlo a cabo. Y digo, "siguiendo las pulsiones de la sociedad", porque recordemos que no se conocen casos de personas que denuncien "los abortos ilícitos", puesto que ese magma informe al que llamamos sociedad suele ser tolerante y comprensivo en esta materia.
Luego de las audiencias, la última palabra será de los ministros. No creo que quieran convertir un asunto de conciencia (cada mujer debe decidir) en un tema de policías y tribunales.
Como se sabe, la reforma fue aprobada luego de un largo e intenso debate por un órgano con facultades y legitimidad para hacerlo y, hasta donde alcanzo a ver, de ninguna manera contraviene la letra del texto constitucional (que es lo que debe ponderar la Corte). Pero además, ya entró en vigor y vale la pena revisar, aunque sea a vuelo de pájaro, sus resultados.
El 23 de enero de 2008, el doctor Manuel Mondragón y Kalb, secretario de Salud del Distrito Federal, en un seminario en la UNAM, informó que del 24 de abril de 2007 (día en que la despenalización entró en vigor) hasta esa fecha se habían realizado 5 mil 200 interrupciones legales del embarazo. La mayoría de las mujeres tenían entre 18 y 24 años (45.7 por ciento), pero de prácticamente todas las edades habían acudido a ese expediente: de 11 a 14 años 1 por ciento; de 15 a 17, 5.5; de 25 a 29, 21.3; de 30 a 34, 15; y de más de 34 años, 12.
Sus ocupaciones eran variadas: 40 por ciento estaban dedicadas a las tareas del hogar, 27 por ciento eran estudiantes, y los otros porcentajes eran los siguientes: 18 empleadas, 5 comerciantes, 3 empleadas domésticas, 2 profesionistas, y 1 obreras.
El 80 por ciento eran del Distrito Federal y el 20 restante de otras entidades, destacando el estado de México con el 18 por ciento. Más de la mitad eran solteras (53.2 por ciento), pero el 17.2 eran casadas, el 3.6 divorciadas y el 25.6 por ciento vivían en unión libre. Habían cursado la primaria el 10 por ciento, la secundaria el 32, la preparatoria el 30, educación superior el 21 y estudios de nivel técnico el 6 por ciento.
El 85 por ciento dijo que su religión era la católica, el 3 cristiana, 2 por ciento manifestó profesar otra religión y el 11 ninguna. En esa sesión, el doctor Mondragón informó también que el 30 por ciento de las solicitantes al final decidieron no someterse a la interrupción de su embarazo.
Unas semanas después, el 5 de marzo de 2008, en su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el propio doctor Mondragón informó que la cifra de abortos lícitos ya ascendía a 6 mil 499 y que en el 99.6 por ciento del total de las intervenciones no se habían presentado complicaciones y que sólo en el 0.4 por ciento de los casos habían aparecido dificultades leves (infecciones, hemorragia, cefalea, vómito).
Y hace unos días, Leticia Bonifaz, consejera jurídica del gobierno del Distrito Federal, informaba que al 31 de marzo el número de interrupciones legales del embarazo realizadas en la red hospitalaria de la Ciudad de México ascendía a 7 mil 194. (Reforma, 13 de abril). No quiero omitir el lamentable fallecimiento de una adolescente de 15 años en el Hospital Balbuena sucedido el 15 de febrero.
Estamos, pues, ante una rutina institucional que le ha permitido a miles de mujeres decidir sobre una cuestión que en primerísimo lugar les incumbe a ellas. Puede o no ser una decisión sencilla, pero se trata de una determinación intransferible y sobre la cual ningún tercero (el Estado, la Iglesia, la familia y menos aún la policía) debe tener capacidades coactivas. Y según informan las autoridades, las interrupciones legales del embarazo se han realizado con un altísimo grado de eficacia.
Los ministros entonces, si no son insensibles, deberán preguntarse por las derivaciones que tendría una declaración de anticonstitucionalidad de la norma. Porque no se requiere tener demasiada imaginación para saber que un buen número de esas mujeres, si no hubiesen tenido acceso a una atención médica a la luz del día, habrían optado por fórmulas más que riesgosas para su salud y seguridad, en condiciones de higiene muchas veces deplorables y de tensión e incertidumbre innecesarias. En el 2001, por ejemplo, el porcentaje de muertes por aborto en el Distrito Federal fue de 6.9 (INEGI, Indicadores Sociodemográficos del D.F. (1930-2002), p. 125). Porque si algo prueba la experiencia internacional es que la prohibición del aborto no reduce su incidencia, sólo pone en peligro la vida de las mujeres.
Por ello, no es casual que cada vez más países estén optando por la despenalización del aborto durante las primeras semanas de la gestación. Han asumido que se trata de un problema de salud pública y que la mujer debe tener la primera y última palabra. Y que lo otro, su penalización, no sólo resulta ineficiente sino altamente peligrosa. Han refrendado que una decisión difícil como la del aborto no puede ser convertida en delito.
En nuestro caso (creo) los legisladores, siguiendo las pulsiones más sentidas en la sociedad, decidieron no sólo no perseguir ni a la mujer ni a los médicos ni a las enfermeras que intervienen en una interrupción del embarazo, sino ofrecerles las mejores condiciones posibles para llevarlo a cabo. Y digo, "siguiendo las pulsiones de la sociedad", porque recordemos que no se conocen casos de personas que denuncien "los abortos ilícitos", puesto que ese magma informe al que llamamos sociedad suele ser tolerante y comprensivo en esta materia.
Luego de las audiencias, la última palabra será de los ministros. No creo que quieran convertir un asunto de conciencia (cada mujer debe decidir) en un tema de policías y tribunales.
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