El paternalismo, nuevamente
Hace 200 años nació John Stuart Mill. En muchas universidades y publicaciones del mundo se recordó al gran defensor de la libertad, el abogado de la excentricidad, el patrono de la polémica. No es extraña esta profusión de homenajes. Mill sigue aportando su lucidez al combate contra los dogmatismos que no terminan de reinventarse. Su convicción más apasionada fue que el hombre se hace humano al elegir. Por eso sostenía que hay que defender el derecho a equivocarnos. Si nos arrancan esa libertad de errar nos convierten en esclavos, en actores de un drama impuesto. Sus contemporáneos lo describen como un hombre triste y serio pero sus escritos están impregnados de optimismo. Estaba convencido de que la discusión libre, la confrontación de ideas, la diversidad de estilos de vida nos conducirían a la plenitud individual y al progreso colectivo. En su ensayo sobre la libertad revela que las víctimas de la censura no son solamente los censurados sino la colectividad en su conjunto. Al callar a un hombre de ideas antipáticas no solamente se le tapa la boca a él. Somos el resto de los humanos quienes más padeceremos su silencio.
En México hemos decidido honrar la memoria de John Stuart Mill con severísimos ataques a la discusión pública. Como a Darwin lo alaban hoy los charlatanes que promueven la idea del diseño inteligente, a John Stuart Mill lo enaltecen los paternalistas que nos dicen qué debemos escuchar y qué es conveniente silenciar. Las autoridades electorales mexicanas han determinado que hay ideas y opiniones que no es prudente ventilar públicamente; que resulta democrático castigar algunas expresiones descorteses y que los ciudadanos no son competentes para evaluar la sensatez de las palabras. Porque somos niños, necesitamos el ciudado de nuestros protectores.
Así han razonado los tutores electorales. Hace unos días el tribunal electoral decidió que los anuncios del Partido Acción Nacional debían salir inmediatamente del aire. Las razones que aportó el tribunal, de acuerdo con la propuesta del magistrado José Alejandro Luna Ramos son la consumación del paternalismo antiliberal. El magistrado concluye que los mensajes panistas son ilegales por tres razones: 1) enfatizan los rasgos negativos del candidato perredista; 2) son manifestaciones sobre acciones pasadas y no trazan un proyecto de futuro y 3) son discursos ajenos a la plataforma electoral del PAN. Nótese que no se determina que los mensajes han de prohibirse por divulgar falsedades (cosa que sería entendible) sino por promover valores que los magistrados rechazan. La sentencia del tribunal es farragosa e incoherente. Los resolutivos del fallo no se respaldan con solidez en las consideraciones jurídicas que se hacen en ella. Admite el ponente que las expresiones no son injuriosas pero, en virtud de que no promueven un programa político, sino que pretenden empañar la imagen del adversario deben ser silenciadas.
Independientemente de quién haya sido afectado o beneficiado por esta resolución, vale la pena analizar la lógica y los efectos de esta resolución. Siguiendo la hipocresía de moda, el tribunal ha decidido prohibir las campañas negativas. Enfatizar los defectos del adversario y cuestionar su trayectoria pública es una estrategia política perfectamente legítima en cualquier democracia. En la nuestra, ha quedado vedada por la absurda sentencia. ¿Qué tipo de debate público puede escenificarse en nuestro país cuando se establece que resulta ilegal proyectar mensajes que tengan como propósito fundamental el criticar al adversario? De acuerdo cono el tribunal, a partir de ahora, el candidato perredista, por ejemplo, no podría preparar un mensaje televisivo dedicado a cuestionar la falta de experiencia del candidato panista, ni podría cuestionar su desempeño como efímero secretario de Estado, ni podría poner en duda su honorabilidad. Nada de ataques ni asuntos del pasado. Deberá dedicarse a publicitar su proyecto agropecuario y su plataforma cultural. La concepción democrática del tribunal resultará popular y políticamente correcta pero es francamente pueril. Imagina el proceso electoral como una confrontación filosófica en la que los ciudadanos examinan desapasionadamente las propuestas de los partidos. Una comparación fría de ideas y planes que desemboca en la razonada decisión del sufragio. No sé dónde se verifique tan admirable escrutinio intelectual. En las democracias que conozco el voto se mueve por programas y recuerdos, por simpatías y antipatías, por cálculos y emociones.
No quiero decir que la propaganda electoral esté libre de restricciones legales. Pero el trazo de sus linderos es una labor compleja de la que se desentendió el voto mayoritario del tribunal. En contraste, el voto particular del magistrado José de Jesús Orozco Henríquez es un elegante razonamiento que logra cuidar la libertad en beneficio del debate público. Orozco enfatiza el contexto y la naturaleza de los sujetos que polemizan. Un partido cuestiona con severidad a un candidato en una campaña electoral. En esta situación es necesario cuidar el vigor del debate, incluso con protecciones adicionales. El magistrado disidente concluía que los mensajes cuestionados estaban constitucionalmente protegidos. "Sostener lo contrario, por ejemplo, exigir un estricto canon de veracidad con respecto a expresiones dirigidas a personas públicas durante un debate público, o bien, en relación con cuestiones de interés público o general, como las políticas económicas que un candidato propone o ha implementado cuando fue gobernante, fomentaría la autocensura, incompatible con la libertad de pensamiento y de expresión". Lamentablemente, la mayoría decidió afiliarse a la causa del paternalismo.
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