El peor error del presidente Felipe Calderón fue suspender el derecho al Habeas Corpus, es decir, a no ser detenido/arrestado de forma arbitraria. La reforma al sistema judicial que él mandó al Congreso y que fue desgraciadamente aprobada permite ahora que a todo ciudadano mexicano se le detenga hasta por 80 días sin cargos si se le considera un "criminal peligroso". ¿Y quién decide llamarlo así? Nuestras autoridades de (in)seguridad, claro. Así que si a usted lo "confunden" con un narco o secuestrador estará 80 días encerrado sin derecho a defensa alguna! ¿Y de dónde tomó la idea tan brillante el presidente Calderón? Vean el vídeo de arriba porfavor... Olbermann (el brillante comentarista de MSNBC) dice en una parte del mismo:
"And if you somehow think Habeas Corpus has not been suspended for American citizens but only for everybody else, ask yourself this: If you are pulled off the street tomorrow, and they call you an alien or an undocumented immigrant or an "unlawful enemy combatant" — exactly how are you going to convince them to give you a court hearing to prove you are not? Do you think this Attorney General is going to help you?
This President now has his blank check.
He lied to get it.
He lied as he received it.
Is there any reason to even hope, he has not lied about how he intends to use it, nor who he intends to use it against?"
Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM critica la iniciativa de Calderón, pero no fue escuchado: Los legisladores federales acaban de aprobar una reforma a la Constitución en materia penal que supone un paso atrás de enormes dimensiones en materia de derechos humanos. Se trata de una reforma que nos encamina a toda velocidad hacia la implantación de un estado policial, en el que la seguridad de las personas depende de la buena voluntad de un procurador o de que la policía decida voluntariamente no meterse en nuestro domicilio, pese a poder hacerlo cuando mejor le parezca.
La iniciativa a la que me refiero se apoya en el afamado concepto de los juicios orales, que con razón deben instaurarse en México para poder contar con una efectiva y pronta justicia en materia penal. Pero tomando a los juicios orales como excusa los legisladores han ido más allá y pretenden plasmar en la Constitución, entre otras medidas, el arraigo hasta por 80 días cuando se suponga que una persona cometió delitos de delincuencia organizada (que son aquellos, dice la iniciativa, cometidos por tres o más personas, en aquellos casos en los que así lo establezcan… los propios legisladores). Constitucionalizando el arraigo México desconoce diversas recomendaciones de la ONU que indican su carácter violador de derechos humanos (señalado incluso por nuestra Suprema Corte) e instaura la muy mexicana técnica de “detener para investigar”, que es contraria a la que se sigue en los países democráticos: se investiga primero y luego, cuando se reúnen ciertos elementos, se detiene...
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