Opinión publicada hoy en el Reforma. Y es que en México no hay neoliberalismo como muchos tanto dicen, porque ni siquiera hay liberalismo. Vivimos una economía llena de monopolios (medios, petróleo, electricidad, telefonía, cemento, gasolina...) que están haciendo al país todo menos competitivo. Liberarnos de su poder fáctico fue uno de los sentidos del fallo reciente de la Suprema Corte con sus decisiones sobre las leyes de radio y televisión, y la de telecomunicaciones. Ojalá vayamos por más. Copio del Reforma:
Mary Anastasia O'Grady
Una revolución mexicanaColaborador Invitado
El magnate mexicano Carlos Slim recientemente pasó del tercero al segundo sitio en la lista de los hombres más ricos del mundo. Con Bill Gates obsequiando gran parte de lo que ha ganado, ahora es probable que Slim un día avance al primer lugar.
Sin embargo, independientemente de lo bien que se vean sus cifras siempre habrá un asterisco junto al nombre de Slim en los libros de registro. Lo llamo el problema Barry Bonds. Aunque Bonds rompa el récord de jonrones de Hank Aaron, nunca será considerado como igual a Aaron porque la mayoría de los fanáticos de beisbol no cree que compitiera en igualdad de circunstancias. Slim enfrenta un problema similar en su legado cuando se le compara con emprendedores creativos como Gates. El multimillonario del software hizo su fortuna como un innovador que añadió valor a las vidas de sus clientes. Slim se enriqueció en gran parte al maximizar sus oportunidades en un ambiente donde disfrutó privilegios de monopolio, al acumular rápidamente riqueza y una cantidad proporcional de influencia política.
Slim es sólo el más famoso de los mexicanos que han disfrutado de grandes y rápidas ganancias por medio de privilegios de monopolio. En ninguna parte del mundo se comprenden mejor los costos económicos del "modelo de negocios" de Slim que en su propio país. Hay un amplio acuerdo entre los economistas respecto a que el poder para fijar los precios de estos jugadores dominantes ha aumentado el costo de hacer negocios en México y hecho poco competitiva a la economía.
Esta es la razón por la que los modernizadores mexicanos celebran un fallo de la Suprema Corte la semana pasada, que eliminó cláusulas clave en una ley de radio y TV del 2006 diseñada para proteger Televisa y TV Azteca de la nueva competencia, conocida como Ley Televisa.
El fallo de la Suprema Corte no se dirige directamente al monopolio de las telecomunicaciones de Slim o a los similares en el petróleo, electricidad, transporte y cemento. Sin embargo, sí instruye al Congreso sobre la prioridad de que la Constitución dé un trato equitativo bajo la ley. Al hacerlo así, eleva los estándares para los legisladores en problemáticas relacionadas con la competencia justa y establece un precedente que es probable que tenga un impacto sobre otros sectores de la economía no abiertos a la competencia, entre ellos el feudo de Slim.
Una de las medidas rechazadas por la corte garantizaba a los actuales propietarios de concesiones bajo transmisión análoga -el duopolio existente- los derechos al nuevo espectro que se abrirá bajo la próxima conversión a la transmisión digital. Esto prácticamente aseguraba que los nuevos competidores no serían capaces de entrar. La Corte también rechazó la cláusula que hacía automática la renovación de licencias y exentaba derechos y términos de concesiones previas independientemente de cómo cambian las leyes. La Corte defendió más aún la competencia al determinar que los licitadores que quieran participar en subastas del espectro de radio y televisión primero deben recibir un fallo favorable de la Comisión de Competencia de México.
Hace sólo dos décadas, la noción de que la élite mexicana podría ver sus privilegios cortados por la acción de una Suprema Corte independiente era impensable. En ese entonces, no habría sido hiperbólico decir que tal fallo señalaría la llegada de otra Revolución Mexicana. Esta revolución, gracias a Dios, es pacífica. No obstante, para un pueblo que vivió bajo el gobierno de un partido durante 70 años, puede parecer igual de radical.
El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ha abierto tanto la economía mexicana como, al incrementar los flujos de información, ayudado a dirigir una transición hacia la democracia. Este cambio político está caracterizado por una protesta nacional contra un sistema manipulado para favorecer a la élite política y de negocios y obstruir la movilidad económica. El actual debate en la sociedad civil podría ser sobre la Ley Televisa, pero en realidad es una discusión más amplia respecto a cuáles deben ser las reglas básicas para la competencia. La Suprema Corte refleja este cambio cultural, no sólo al actuar con independencia, sino al hacer públicas sus deliberaciones en favor de la competencia.
La decisión de la Corte abre el camino para que el Presidente Felipe Calderón asuma un papel importante al responder a las preocupaciones sobre la igualdad bajo la ley. Estará bajo tremenda presión por parte de los magnates de los medios para que haga lo contrario -razón por la que el asunto es una prueba importante para su joven presidencia.
Una manera fácil para que Calderón establezca su buena fe en este tema es nombrar a Gonzalo Martínez Pous y a Rafael del Villar a la Cofetel, pero vetados por el Senado como parte de su labor en la Ley Televisa. Ahora que la Corte falló que el Congreso no tiene poder para vetar a los elegidos por el Ejecutivo a la Cofetel, Calderón puede volver a nominarlos y mostrar que quiere un regulador serio en favor de la competencia.
El Presidente también puede asumir un papel proactivo en la reelaboración de las medidas que eliminó la Corte y enviarlas al Congreso. Esto debe incluir un programa acelerado para la conversión del País a la transmisión digital. Sin duda, significará una disputa. Los dinosaurios estarán esperándolo y trabajando al Senado como lo hicieron el año pasado. Tendrá que llevar su caso al público y eso no será fácil ya que sus adversarios aún controlan las ondas aéreas.
Sin embargo, de su parte estarán muchos modernizadores que comprenden que no poder lograr la igualdad bajo la ley significará el fracaso de la lucha de México por la democracia liberal. Lo que está en juego es así de importante y la historia juzgará a Calderón como corresponde.
Anastasia O'Grady es columnista en Wall Street Journal
E-mail: O'Grady@wsj.com
Traducción: Ma. de Jesús Pérez
Mary Anastasia O'Grady
Una revolución mexicana
Colaborador InvitadoEl magnate mexicano Carlos Slim recientemente pasó del tercero al segundo sitio en la lista de los hombres más ricos del mundo. Con Bill Gates obsequiando gran parte de lo que ha ganado, ahora es probable que Slim un día avance al primer lugar.
Sin embargo, independientemente de lo bien que se vean sus cifras siempre habrá un asterisco junto al nombre de Slim en los libros de registro. Lo llamo el problema Barry Bonds. Aunque Bonds rompa el récord de jonrones de Hank Aaron, nunca será considerado como igual a Aaron porque la mayoría de los fanáticos de beisbol no cree que compitiera en igualdad de circunstancias. Slim enfrenta un problema similar en su legado cuando se le compara con emprendedores creativos como Gates. El multimillonario del software hizo su fortuna como un innovador que añadió valor a las vidas de sus clientes. Slim se enriqueció en gran parte al maximizar sus oportunidades en un ambiente donde disfrutó privilegios de monopolio, al acumular rápidamente riqueza y una cantidad proporcional de influencia política.
Slim es sólo el más famoso de los mexicanos que han disfrutado de grandes y rápidas ganancias por medio de privilegios de monopolio. En ninguna parte del mundo se comprenden mejor los costos económicos del "modelo de negocios" de Slim que en su propio país. Hay un amplio acuerdo entre los economistas respecto a que el poder para fijar los precios de estos jugadores dominantes ha aumentado el costo de hacer negocios en México y hecho poco competitiva a la economía.
Esta es la razón por la que los modernizadores mexicanos celebran un fallo de la Suprema Corte la semana pasada, que eliminó cláusulas clave en una ley de radio y TV del 2006 diseñada para proteger Televisa y TV Azteca de la nueva competencia, conocida como Ley Televisa.
El fallo de la Suprema Corte no se dirige directamente al monopolio de las telecomunicaciones de Slim o a los similares en el petróleo, electricidad, transporte y cemento. Sin embargo, sí instruye al Congreso sobre la prioridad de que la Constitución dé un trato equitativo bajo la ley. Al hacerlo así, eleva los estándares para los legisladores en problemáticas relacionadas con la competencia justa y establece un precedente que es probable que tenga un impacto sobre otros sectores de la economía no abiertos a la competencia, entre ellos el feudo de Slim.
Una de las medidas rechazadas por la corte garantizaba a los actuales propietarios de concesiones bajo transmisión análoga -el duopolio existente- los derechos al nuevo espectro que se abrirá bajo la próxima conversión a la transmisión digital. Esto prácticamente aseguraba que los nuevos competidores no serían capaces de entrar. La Corte también rechazó la cláusula que hacía automática la renovación de licencias y exentaba derechos y términos de concesiones previas independientemente de cómo cambian las leyes. La Corte defendió más aún la competencia al determinar que los licitadores que quieran participar en subastas del espectro de radio y televisión primero deben recibir un fallo favorable de la Comisión de Competencia de México.
Hace sólo dos décadas, la noción de que la élite mexicana podría ver sus privilegios cortados por la acción de una Suprema Corte independiente era impensable. En ese entonces, no habría sido hiperbólico decir que tal fallo señalaría la llegada de otra Revolución Mexicana. Esta revolución, gracias a Dios, es pacífica. No obstante, para un pueblo que vivió bajo el gobierno de un partido durante 70 años, puede parecer igual de radical.
El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ha abierto tanto la economía mexicana como, al incrementar los flujos de información, ayudado a dirigir una transición hacia la democracia. Este cambio político está caracterizado por una protesta nacional contra un sistema manipulado para favorecer a la élite política y de negocios y obstruir la movilidad económica. El actual debate en la sociedad civil podría ser sobre la Ley Televisa, pero en realidad es una discusión más amplia respecto a cuáles deben ser las reglas básicas para la competencia. La Suprema Corte refleja este cambio cultural, no sólo al actuar con independencia, sino al hacer públicas sus deliberaciones en favor de la competencia.
La decisión de la Corte abre el camino para que el Presidente Felipe Calderón asuma un papel importante al responder a las preocupaciones sobre la igualdad bajo la ley. Estará bajo tremenda presión por parte de los magnates de los medios para que haga lo contrario -razón por la que el asunto es una prueba importante para su joven presidencia.
Una manera fácil para que Calderón establezca su buena fe en este tema es nombrar a Gonzalo Martínez Pous y a Rafael del Villar a la Cofetel, pero vetados por el Senado como parte de su labor en la Ley Televisa. Ahora que la Corte falló que el Congreso no tiene poder para vetar a los elegidos por el Ejecutivo a la Cofetel, Calderón puede volver a nominarlos y mostrar que quiere un regulador serio en favor de la competencia.
El Presidente también puede asumir un papel proactivo en la reelaboración de las medidas que eliminó la Corte y enviarlas al Congreso. Esto debe incluir un programa acelerado para la conversión del País a la transmisión digital. Sin duda, significará una disputa. Los dinosaurios estarán esperándolo y trabajando al Senado como lo hicieron el año pasado. Tendrá que llevar su caso al público y eso no será fácil ya que sus adversarios aún controlan las ondas aéreas.
Sin embargo, de su parte estarán muchos modernizadores que comprenden que no poder lograr la igualdad bajo la ley significará el fracaso de la lucha de México por la democracia liberal. Lo que está en juego es así de importante y la historia juzgará a Calderón como corresponde.
Anastasia O'Grady es columnista en Wall Street Journal
E-mail: O'Grady@wsj.com
Traducción: Ma. de Jesús Pérez
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