miércoles, junio 25, 2008

La Suprema Corte de Justicia contra la libertad de expresión

Es inaudito como al no hacer algo, como la omisión puede causar tanto daño. Copio de Reforma:

Piden intelectuales celeridad a la Corte


Solicitan a los ministros una solución al amparo que interpusieron por la reforma electoral


Érika Hernández


(25 junio 2008).- Intelectuales exigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver su juicio de amparo que interpusieron en diciembre del 2007 sobre la reforma electoral.

Además, el grupo, conformado por escritores, politólogos y comunicadores, pide que su amparo sea resuelto de manera particular, porque, afirma, tiene características especiales y no es similar a ningún otro recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Corte.

En conferencia de prensa Isabel Turrent, Ángeles Mastreta, Federico Reyes Heroles, Luis Rubio, Sergio Sarmiento, Fabián Aguinaco, Héctor Aguilar Camín, Leo Zuckerman, Luis de la Barreda y Gerardo Estrada afirmaron que pareciera una "virtual congelación" del juicio de amparo.

El 21 de diciembre del 2007, 15 ciudadanos, entre ellos este grupo, presentó un juicio contra la reforma electoral aprobada en septiembre por el Congreso de la Unión, argumentando que el artículo 41 viola la libertad de expresión.

Ese apartado prohíbe a los particulares contratar propaganda o mensajes políticos en medios electrónicos, y deja esa exclusividad a los partidos.

"La Suprema Corte ha desviado nuestro amparo de su curso judicial normal para absolverlo en nuestro demérito, pues no ha hecho sino posponer su estudio, dilatar su fallo y aislarlo junto con otros, exigimos que delibere y resuelva, es nuestro derecho y es su obligación", señala el pronunciamiento de los inconformes leído por Turrent.

Viola el derecho a la libre asociación, expuso Aguilar Camín, porque obliga a un ciudadano a pertenecer a un partido político para contratar un mensaje electrónico.

Los intelectuales, reunidos en la sede de Transparencia Mexicana, coincidieron en que la SCJN debe ser un órgano que genere un contrapeso a las decisiones arbitrarias del Congreso, y ponga un dique a la violación constante de la Constitución para acoplarla a su rol político, por encima de los principios fundamentales.


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